Se busca mujer de buena familia venida a menos.

La propuesta de ley de Ciudadanos de los vientres de alquiler define a la perfección el liberalismo y el machismo de esta organización político empresarial. C's defiende el derecho de alguien rico a comprar lo que le venga en gana y la obligación del Estado de garantizárselo. La propuesta de la creación de una base de datos de paridoras es eso exactamente: que las administraciones públicas garanticen que el objeto que compran se encuentre en óptimas condiciones. Podrían haber resumido los requisitos de las mujeres con "no queremos putas ni yonkis", pero como no les ha debido de parecer diplomático, se han extendido algo más. Todos los criterios están orientados a garantizar un buen producto al comprador.
Deben ser mujeres que ya se hayan demostrado capaces de parir hijos sanos. No es cierto, cómo ha dicho la prensa, que la ley diga que las mujeres deben tener unas condiciones económicas dignas para garantizar que no se hace por necesidad. Deben tener las condiciones " adecuadas para afrontar la gestación en condiciones óptimas de salud, bienestar y seguridad" es decir, para que el producto salga en buen estado. Lo importante es la gestación, no las condiciones de la gestante. Es tal la obsesión por garantizar la calidad del producto, que la madre se obliga a mantener algunos de los criterios durante el embarazo, como el no sufrir depresión. Es decir, la mujer tiene la obligación legal de no deprimirse mientras gesta un niño que será propiedad ajena a cambio de dinero.
La mujer debe acreditar documentalmente una vez al año que cumple todos los criterios. A los compradores, en cambio, no se les exige ninguna prueba de que cumplen los requisitos, ni éstos deben renovarse, y sólo tienen que ser cumplidos por uno de los dos, también en el caso de la responsabilidad parental en caso de que sea un matrimonio quien compra.
De todo esto debe encargarse el Estado. Luego, los compradores acceden a la base de datos para que puedan elegir a la "idónea". Tras esto, ya es privada la gestión, las partes firman un contrato privado (como bien insiste Rivera) y pactan lo que quieran, siempre dejando bien claro que la mujer debe renunciar obligatoriamente al niño, eso sí. En cambio, no es obligatorio que el comprador se quede con el niño, ya que el contrato debe contener "las circunstancias en las que el o los progenitores subrogantes se harán cargo del hijo o hijos". Ese contrato deberá indicar cuánto se paga en la compraventa, aunque deberá estar camuflada la partida económica como compensación por las molestias. Rebuscando por Google, leo que las molestias de la donación de óvulos, también altruista, cotizan a unos 800€, no sé a cuánto estará el altruismo por parir.
Como reflexión final, y quizá la más importante, es que la ley no recoge, en ningún momento, referencias a los derechos de niñas y niños. Para C's los y las menores no son sujetos de derecho, sino objetos que la gente con pasta puede comprar, como también ven a la mujer.